Entrevista con Gustavo González Rodríguez

Entrevista realizada en el marco del XII Encuentro Latinoamericano de Facultades de Comunicación Social, que se llevó a cabo del 25 al 28 de septiembre de 2006 en Bogotá, Colombia.

Gustavo González Rodríguez participó en la Mesa de Trabajo No. 6 de dicho evento (La producción mediática y periodística del miedo, la inseguridad, el caos, la violencia) con la ponencia “Cámaras ocultas e infoentretención: El caso Calvo-Chilevisión”, en la cual analiza un polémico proceso judicial desarrollado en Chile.

El caso involucró la emisión por televisión de declaraciones del juez encargado de una investigación sobre pedofilia, obtenidas con cámara oculta, las cuales pusieron en duda su autoridad moral para ejercer esta labor. A partir de su desarrollo, se generó un debate público sobre la validez del uso de este tipo de mecanismos en el periodismo investigativo, sobre la ética periodística y otros temas como los derechos humanos y la espectacularización de la noticia.

La Iniciativa de Comunicación, CILA: el Caso Calvo-Chilevisión ha generado un debate muy amplio en Chile, en diversos ámbitos, pero especialmente en el de la comunicación. A partir de su análisis, ¿cuáles son las principales particularidades que lo han convertido en objeto de una discusión tan intensa?

Gustavo González Rodríguez: el elemento fundamental, a mi juicio es que el caso tuvo simultáneamente un manejo judicial y mediático.

Desde el punto de vista judicial, la solución fue de carácter administrativo, es decir, hubo una primera decisión de la Corte, que dispuso una sanción para el juez Calvo sobre la base de que había contravenido algunas normas que obligaban a los jueces a tener una conducta intachable; esto le significó una suspensión temporal de su cargo, con reducción de su remuneración y la designación, en su lugar, de Sergio Muñoz; pero una vez cumplido ese primer castigo, el juez fue reintegrado al poder judicial y designado en un cargo de fiscal.

Por otra parte, en cuanto al tratamiento mediático, yo diría que fue fundamentalmente de una especie de “ajusticiamiento” del juez.

Hay que advertir que Calvo mantenía una doble vida, es decir, llevaba una vida normal con esposa, hijos, etc. y por otra parte era asiduo visitante de un prostíbulo homosexual.

Aparecer ante la cámara oculta planteó para el juez un menoscabo de su persona, intensificado por las representaciones e imaginarios colectivos sobre el tema de la homosexualidad existentes en la sociedad chilena, influidos por criterios muy tradicionales.

A mi juicio, el tratamiento resultó más descalificador, más drástico, desde el punto de vista de las representaciones mediáticas, que desde la respuesta del poder judicial.

CILA: ¿En qué medida los pronunciamientos hechos por organismos como el Consejo Nacional de Televisión, el Consejo de Ética de los Medios de Comunicación y el Tribunal de Ética del Colegio de Periodistas de Chile, afectaron la percepción del público sobre el caso? ¿Su posición fue asumida como un referente ético en alguna medida?

G.G.R.: desde el punto de vista del público lo que quedó planteado como el elemento fundamental es que resultaba inaceptable que un juez homosexual investigara una red de pedofilia. Las reacciones que se desprenden de los pronunciamientos de los organismos mencionados, fueron materia de debate en los círculos más especializados.

Allí ocurrió una situación bastante especial, porque fue la propia Corte la que pidió informes de estos tres organismos, considerando que su opinión no era vinculante; se trataba de una opinión fundamentalmente ilustrativa, ya que recién en el año 2005 se restablece a los organismos profesionales la posibilidad de tener tuición sobre la conducta ética de sus miembros.

Entonces, en rigor yo diría que los tres pronunciamientos sirven más bien para mantener vigente un debate que todavía no se ha agotado en la sociedad chilena.

Es importante mencionar los descargos que hizo Chilevisión particularmente ante el Consejo de Ética de los Medios fueron también publicados en revistas académicas y sirvieron para dar pie a toda una amplia producción a partir de seminarios de investigación, memorias de título acotadas al caso Calvo, y también en otros casos a lo que fue la situación de Spiniak. En esta vertiente del punto de vista de la comunidad académica, vinculada a la comunicación, hubo también respuestas.

Lo que yo he intentado hacer es una actualización, porque los primeros análisis investigaron lo que ocurrió hasta el año 2003 y parte del 2004, cuando se empezó a desmontar todo el tema de condena en torno a Spiniak, pero no ha habido, a mi juicio, una lectura más final, que no solamente contemple las resoluciones judiciales, sino que haga el cruce, a mi juicio necesario, entre ética, tratamiento desde las narrativas periodísticas y fundamentalmente, el tema de la espectacularización de la noticia.

CILA: Con respecto al caso estudiado, pero también en general en el contexto chileno, ¿de qué forma se puede analizar la contraposición entre el interés privado de los canales o medios, como empresas, el cumplimiento de su función de fiscalización y la tendencia a la espectacularización de la noticia?

G.G.R.: Yo creo que es un tema poco resuelto. Para situar un contexto en términos muy genéricos, los medios de comunicación en Chile, como toda la sociedad chilena, sufrieron el impacto de los diecisiete años de dictadura. Cuando se produce el restablecimiento de la democracia, en el año 90, todo el sistema, no solamente comunicacional, sino también político, siguió siendo fuertemente dependiente; el denominado proceso de transición, correspondió a una transición muy “amarrada”, que recién se comienza a desmontar en el año 98 cuando Pinochet es arrestado en Londres.

Entonces empieza a desaparecer esa imagen de poder omnipresente del dictador con todo el aparataje institucional de las fuerzas armadas. ¿En qué se tradujo esto en términos de la prensa? Fundamentalmente en que lo que era censura durante la dictadura, siguió vigente como formas de autocensura durante la transición democrática. En este ámbito, los medios siguen siendo muy tributarios de la estructura de poder; y no sólo de los poderes institucionales, sino más aún, de los llamados poderes fácticos.

En este mismo sentido, cuando los medios intervienen en aspectos de la vida privada, yo diría que lo hacen fundamentalmente con una perspectiva más de espectacularización que de real fiscalización. Por una parte los medios intentan abrir espacios para una mayor fiscalización, mayor investigación, mayor denuncia, pero lo hacen con el objetivo de ganar rating.

Además, la mayoría de veces son denuncias en ámbitos muy pobres. Por ejemplo: se conoce que una psiquiatra que tiene cierto renombre extiende licencias de reposo falsas; entonces va un periodista y se disfraza de paciente, con una cámara oculta, hace que le extienda la licencia y le paga frente a la cámara.

Pero en ningún caso, como señalaba un analista político a comienzos de 2004 en Chile, se ha visto una operación con cámara oculta de la prensa para denunciar operaciones monopólicas u operaciones de lobby de las tabacaleras para impedir la ley antitabaco en el parlamento. Se trata de un recurso que sigue jugando dentro de estos límites de lo que es permisible dentro de una transición o dentro de un esquema político que ha sido bastante controlado.

Y el último elemento que habría que agregar, es que tampoco el poder judicial o los poderes legislativos han contribuido mayormente a clarificar esto. Entonces se mantiene una línea difusa entre lo público y lo privado, entre el interés público y los intereses particulares, que determina que nos sigamos moviendo en el marco de un ámbito de ambigüedad que sigue obedeciendo también a presiones de poder.

CILA: el caso también ha hecho evidente la tendencia de dirigir el género informativo hacia el entretenimiento con el fin de ganar audiencias; esta posición muchas veces es justificada por los medios con el argumento de que están respondiendo a la demanda del público. Pero en esta forma se desconoce el elemento de la responsabilidad social...

G.G.R.: yo soy partidario de lo que se ha dado en llamar el periodismo narrativo, las nuevas narrativas -que tampoco son tan nuevas, si tenemos en cuenta que lo que se llama nuevo periodismo ya existe prácticamente desde lo que fue la transición de los años cincuenta a los sesenta-. Pero yo diría que efectivamente el periodismo ha estado obligado a buscar nuevas formas de narración, presionado simultáneamente por dos factores: uno el de los soportes mediáticos, afectados por la irrupción de Internet y todo lo que ello conlleva, sumado a la revolución científico-tecnológica. El otro, una mayor expansión de lo que podríamos llamar las grandes transnacionales informativas y los procesos de creciente concentración de medios. Estos factores han generado la necesidad de que los productos informativos sean más atractivos dentro de un ámbito de disputa de audiencia.

En este sentido, se está presentado lo que algunos llaman una contraposición entre globalización y glocalización (que en última instancia no son términos antinómicos, sino más bien complementarios), que también tiene efectos sobre el ejercicio periodístico.

Desde esta perspectiva, yo creo que no hay que tenerle miedo al surgimiento de diversas formas narrativas; si hoy me preguntan por una diferenciación tajante entre los géneros informativo, interpretativo, de opinión, etc., yo diría que tal diferenciación existe cada vez menos porque a lo que estamos asistiendo es a una creciente hibridación de propuestas. Yo creo que no hay que alarmarse en función de esto; hay que apostar a no perder de vista dos grandes referentes la ética y el buen periodismo como valores permanentes.

En función de esto yo diría que la concepción de bien y servicio público que debe tener el periodismo se debe realizar sobre la base de dos elementos: por una parte, la propia acción de los periodistas, para poder producir fisuras dentro de un poder mediático que descansa fundamentalmente en intereses empresariales identificados con los poderes fácticos; y por otra, las demandas que la propia sociedad civil vaya creando de exigirle al periodismo un comportamiento ético más sólido.

CILA: por último, desde su perspectiva ¿qué papel juegan la ética y la moral en los procesos de autorregulación que se puedan aplicar los propios medios?

G.G.R.: Yo creo que la cita es pertinente, porque asistimos a un debate a nivel internacional de un choque entre fundamentalismos e integrismos, en el cual se da una especie de sobrevaloración de lo que algunos llaman los elementos valóricos.

En Chile, por ejemplo, son los sectores más tradicionales los que se han apoderado de la terminología de los elementos valóricos, para establecer toda una serie de limitaciones, no sólo en el discurso, sino también en el ambiente legislativo, sobre temas vinculados a los derechos reproductivos de las mujeres, el ejercicio de la sexualidad en los jóvenes, etc.

Creo que esto va acarreando crecientemente una suerte de imposición de una moral o traslación de normas de conducta que generalmente son individuales, al conjunto de la sociedad.

En ese ámbito, es legítimo rescatar como una propuesta para el debate, tener presentes las diferencias entre la moral y la ética; fundamentalmente, que la ética se reconoce en el otro, en un “nosotros” y que la moral puede ser legítima cuando alguien quiera aplicarla desde sus perspectivas personales como conducta de vida. En esa medida al periodismo, en cuanto ejercicio de participación social, le corresponde más inclinarse por la ética que por la moral.